Las casas de tareas dirigidas han sido habituales en Venezuela, como centros de refuerzo para niños en edad escolar. Desde la pandemia, sin embargo, el rol que desempeñan sus responsables se ha ido transformando a la par de una necesidad imperante en el país, con un sistema educativo en ruinas.
Los centros pedagógicos, como ellos prefieren llamarles ahora, o el desarrollo de microescuelas, es un fenómeno que ha sido estudiado por la organización Un Estado de Derecho, dirigida por el abogado y académico, Antonio Canova, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, luego del impacto que causó el distanciamiento por covid-19 en el país, y la suspensión de clases.
El estudio que empezó en Petare, la barriada más grande del país, a finales de 2021, arrojando que el 39% de los escolares de esta populosa parroquia caraqueña acudía a servicios pagos, de bajo costo, que ofrecían educadores de la comunidad, sembró la idea en el equipo de UED sobre la posibilidad de proliferación de estos mismos centros en otros sectores de la nación suramericana.
La asociación académica se trasladó entonces hasta Montalbán, en Carabobo, el occidente venezolano, donde lograron identificar la ampliación de 63 pequeños espacios particulares de enseñanza, con el 90% de los niños y jóvenes asistentes, siendo también alumnos de instituciones públicas gratuitas.
“Conseguimos lo mismo que en Petare: familias pobres haciendo el enorme esfuerzo de pagar, adicional a lo que ya gastan para mantenerse en el sistema oficial, educación para sus hijos. Y lo volvemos a decir: la respuesta a por qué lo hacen luce tan obvia como la situación educativa del país”, expresó Canova, en una nota de prensa difundida a los medios.
Fueron siete meses de estudio en esta población que contempla unos 26.000 habitantes, en un contexto general de pobreza extrema, con al menos 25 instituciones formales, entre ellas 24 públicas y un liceo privado con 56 alumnos.
A través de las 63 microescuelas se atienden a 703 niños y jóvenes, lo que representa el 16% del padrón que asiste a las instituciones dispuestas por el gobierno en esta jurisdicción.
“No es un fenómeno atribuible únicamente a la crisis sanitaria, aunque ciertamente esta parece haber empujado un crecimiento significativo”, reza parte del informe de UED, en el que se detalla además el pago en dólares, como un libre mercado educativo, en el que padres y docentes acuerdan al margen de regulaciones oficiales, las condiciones de contratación.
El precio promedio es de US$3 por semana, aunque se documentaron servicios desde US$1. Más de la mitad de los docentes al frente de estos centros de enseñanza también trabaja en el sistema educativo formal, sin embargo, para el 27% de los encuestados, este servicio independiente representa su principal fuente de ingresos.
El ingreso promedio es de US$126 al mes, lo que triplica el salario base en bolívares, que en la actualidad se ubica en US$44 al mes para un docente venezolano.
“Luce altamente improbable una mejora del sistema oficial venezolano. Las microescuelas espontáneas se manifiestan como factores de solución inmediata para mitigar el rezago escolar y, por qué no, ensayar un nuevo modelo basado en el derecho a la elección educativa”, agregó el director de la organización.
Es así como entre los hallazgos destacan la manifestación de autoprotección desde estas microescuelas espontáneas, para favorecer a través de experimentos sociales educativos.
